TC conoce recurso de Jesús Rodríguez contra eliminación de candidaturas independientes
El Tribunal Constitucional (TC) conoció en audiencia pública la Acción Directa de Inconstitucionalidad interpuesta por el politólogo santiaguero Jesús Rodríguez en contra de la Ley núm. 13-26, norma que suprimió las candidaturas independientes en el país. Tras escuchar los argumentos, el tribunal declaró la causa en estado de fallo.
Rodríguez argumenta que la referida ley vulnera de manera grave y flagrante el bloque de constitucionalidad dominicano.
Según el accionante, al derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley núm. 20-23 (Orgánica de Régimen Electoral), el Congreso Nacional ha impuesto un «monopolio partidario» que asfixia el pluralismo político y restringe el derecho fundamental a elegir y ser elegible (Art. 22.1 de la Constitución).
«La eliminación material de las candidaturas independientes es una medida regresiva y desproporcionada que no supera el test de razonabilidad. Se está cerrando una vía legítima de participación democrática para los ciudadanos que desean postularse fuera del sistema de partidos tradicionales», afirmó Rodríguez.
La instancia judicial resalta, además, que el Poder Legislativo incurrió en un desacato al precedente constitucional.
El politólogo recordó que, mediante la reciente Sentencia TC/0788/24, el propio Tribunal Constitucional había ordenado adecuar la legislación para permitir que agrupaciones ciudadanas, cívicas o sociales sustentaran candidaturas independientes sin las rigurosas formalidades de los partidos. En lugar de acatar este mandato, el Congreso optó por la eliminación absoluta de la figura jurídica.
A través de esta acción, Rodríguez solicita formalmente al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad total de la Ley núm. 13-26 y que, en consecuencia, ordene la entrada en vigor de la interpretación subsidiaria de la Sentencia TC/0788/24, garantizando así el derecho de la ciudadanía a competir en condiciones reales y equitativas en los procesos electorales.
Con la declaración del estado de fallo, el Tribunal Constitucional se abocará en los próximos meses a deliberar y dictar una sentencia definitiva sobre este caso, cuyo desenlace marcará un hito clave para el futuro del sistema democrático y de participación en la República Dominicana.
