¿Qué dijo Justiniano Montero en su evaluacion antes de ser elegido presidente de la Suprema Corte?
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió este lunes para presidir la Suprema Corte de Justicia a Justiniano Montero Montero quien estuvo apróximadamente 50 minutos frente a los miembros del CNM hablado sobre su trayectoria y respondiendo luego a preguntasde.
En sus 25 minutos de exposición libre, el magistrado los utilizó para repasar su vida y sus números.
Nacido en El Cercado, San Juan de la Maguana, graduado de abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd) en 1990, dijo llegar con 28 años a la administración de justicia, siete de ellos en la Suprema. Ya en el año 1998 como juez de paz, lo destacó como el primer peldaño de la carrera judicial.
Mientras llevaba acabo su carrera como juez, sumó cinco maestrías y docencia en universidades dominicanas y españolas.
Ya en cifras, detalló que como juez de la Primera Sala, ha emitido 27,482 decisiones desde abril de 2019 y que él fue ponente en 7,108, el 26% del total.
Firmó además 50 votos particulares, puntualizando dos: El primero sostiene que el Estado dominicano no puede ser declarado en defecto, porque el Ministerio Público debe asumir su defensa.
El otro es su tesis sobre el artículo 815 y la imprescriptibilidad de las acciones sobre inmuebles registrados. Quedó en minoría en su momento y, según dijo, el Tribunal Constitucional acaba de asumirla como válida y vinculante.
Siendo ya presidente de esa sala desde enero de 2026, explicó que montó una agenda para los casos que llamó «sensibles» como referimiento, embargo inmobiliario, arbitraje, familia y partición.
En arbitraje señaló que los fallos pasaron de 162 a 28 días. En las demandas en suspensión, que le corresponden al presidente de la sala, de 60 a 11.
“Estoy sediento de que lleguen para resolverlas”, dijo sobre ese tipo de expedientes. Pidió además al pleno de la sala una medida para que ninguna decisión quede suspendida sin límite de tiempo, y los demás jueces la acogieron.
Habló también de una herramienta que corrige un «viejo cuello de botella», que consistía en que antes obtener una sentencia ya firmada podía tardar mes y medio o dos meses. Ahora, cuando el presidente firma el rol de audiencia de sentencias leídas, el documento llega de forma automática al correo de los abogados.
Además habló de su paso por la Dirección de Carrera Judicial, donde lo llamaron en el año 2014 porque tres directores designados habían renunciado, colocándola como “la mejor escuela” en competencias gerenciales.
Su hoja institucional incluye un manual de buenas prácticas para juzgados de paz (1999) que la cooperación española extendió a Costa Rica, El Salvador y Guatemala, y el Sistema de Integridad Institucional de 2009, cuya actualización coordinó en 2021.
Dirige la cátedra de ética de la Escuela Nacional de la Judicatura, copreside un programa de justicia digital del Banco Mundial y representa al Poder Judicial ante la OCDE. Fue diez años miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, de la que se retiró por voluntad propia. Publicó en 2025 un manual de ética judicial.
Describió su trabajo como “un sacerdocio de entrega, de sacrificio” y dejó la decisión en manos del Consejo: “soy un ciudadano respetuoso de las decisiones de los órganos”.
Las preguntas
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, le preguntó por el interés casacional. Montero explicó que la figura busca restringir el acceso a la Suprema y que en la práctica ha pasado por tres etapas, la última de diálogo con el Tribunal Constitucional. Dijo que, de un lote estimado de 300 decisiones, más de 200 se resuelven hoy por inadmisibilidad.
La jueza Nancy Salcedo Fernández, secretaria del Consejo, quiso saber dónde termina la tecnología y empieza el juez. Él respondió que el juez natural es innegociable. Advirtió que la inteligencia artificial puede generar falsedades con apariencia de verdad y que la tecnología debe servir de apoyo sin deshumanizar la justicia.
Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, le consultó por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y por el uso de redes sociales por parte de los jueces. Montero situó el origen de la comisión en la Cumbre de 2006 y recordó un dictamen de 2015 que permite las redes con límites de prudencia. Sobre las suspensiones, dijo que al asumir encontró 270 solicitudes atrasadas y que ya suman 748 resoluciones, con fallos publicados los viernes a las 11:00 de la mañana.
El senador Omar Fernández le planteó si la ética debe ser una causal disciplinaria autónoma. Montero señaló que el principio de legalidad lo permitiría, pero dijo preferir mantenerla en el plano prescriptivo y preventivo.
El diputado Tobías Crespo indagó sobre el control difuso frente a las decisiones del Constitucional. Su respuesta fue que si el TC anuló una norma por control concentrado, el control difuso deja de operar. Si solo rechazó la acción y la norma sigue viva, los jueces ordinarios pueden seguir aplicándolo en casos concretos.
Para finalizar, el presidente Luis Abinader preguntó cómo extender la cultura ética a todo el sistema. Montero habló de reforzar la cátedra en la Escuela Nacional de la Judicatura, socializar el tema con los jueces y sumar a organismos como la OCDE, con una conciencia que alcance también a abogados y ciudadanos.
