Presidente de INDOTEL advierte sobre impacto de la desinformación en la democracia

Santo Domingo. – El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, advirtió sobre el impacto de la desinformación en la democracia durante su intervención en la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Gómez Mazara afirmó que “la mentira se ha naturalizado como modelo de éxito”, lo que representa una amenaza para quienes apuestan a una democracia más inclusiva, respetuosa y estable.

Señaló que, aunque la tecnología es bienvenida, preocupa que los modelos de negocios digitales incentiven la propagación de falsedades, odio y desinformación, afectando incluso la salud mental colectiva.

De acuerdo con datos expuestos, el 88 % de los usuarios de redes sociales en Latinoamérica reconoce que las fake news circulan sobre todo por WhatsApp; apenas el 9 % verifica su contenido antes de compartirlo y el 59 % reenvía información solo porque proviene de alguien cercano.

El funcionario destacó que en entornos digitales una noticia falsa se difunde seis veces más rápido que una verdadera y que, en la mayoría de los casos, no hay consecuencias para quienes difunden esas informaciones.

Gómez Mazara también expresó que los estudios de la Universidad de Oxford y del Instituto Reuters muestran una caída sostenida del interés en las noticias de los medios tradicionales, lo que compromete su sostenibilidad.

“Cada vez menos ciudadanos están dispuestos a pagar por información verificada y eso debilita la posibilidad de sostener un periodismo profesional y libre de intereses”, señaló.

En ese sentido, informó que el INDOTEL presentó al Congreso Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento de 1962. El objetivo era actualizar la normativa, incorporar a los nuevos medios como sujetos de regulación y crear un órgano especializado para gestionar violaciones en coordinación con el Poder Judicial.

El presidente de INDOTEL llamó a políticos, empresarios, comunicadores, académicos, organizaciones profesionales, sociedad civil y al Estado a actuar de manera conjunta, al advertir que lo que está en juego es la calidad de las instituciones y la posibilidad de sostener una ciudadanía informada.

Discurso íntegro

81ª ASAMBLEA GENERAL
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

La mentira se ha naturalizado como modelo de éxito. Esto es muy preocupante para quienes apostamos a una democracia más inclusiva, respetuosa y estable. La tecnología es siempre bienvenida, y más aún, si empodera a sectores de la sociedad que se encontraban desprovistos de herramientas.

Lo que nos preocupa, como reguladores, es cómo afecta a nuestra democracia un modelo de negocios que no controlamos, y que incentiva la propagación de información falsa, de mentiras y de odio. Más aún, nos preocupa cómo afecta nuestra salud mental colectiva y la manera en que nos comunicamos como sociedad. Esta preocupación se sustenta en datos alarmantes.

Desde el INDOTEL advertimos que la mentira se ha normalizado como forma de comunicación en los entornos digitales, erosionando la confianza pública y debilitando la capacidad ciudadana para distinguir entre hechos y manipulación. Hoy, el 88% de los usuarios de redes sociales en Latinoamérica reconoce que los fake news circulan sobre todo por WhatsApp. Apenas el 9% verifica su contenido antes de compartirlo, y el 59% reenvía información solo porque proviene de alguien cercano.

En Next, una noticia falsa se difunde seis veces más rápido que una verdadera. Nadie está fuera de riesgo, pero tampoco nadie paga consecuencias. Sabemos que la SIP comparte nuestra preocupación.

Se ha expresado en múltiples ocasiones acerca de esta realidad y por la aparente ausencia de alternativas al impacto de las redes sociales. El debilitamiento de los medios a mano de creadores de contenido independiente, no siempre guiados por el bien común, representa un riesgo para la democracia y el derecho a la expresión libre, respetuosa y que conduzca al entendimiento y a los acuerdos. Esta es una preocupación que tanto la SIP como el gobierno dominicano comparten.

Desde el INDOTEL seguimos con atención los estudios de la Universidad de Oxford y del Instituto Reuters, que muestran una caída sostenida del interés por las noticias en los medios tradicionales. Esta tendencia pone en riesgo la sustentabilidad de medios que cumplen un rol democrático y formal entre nuestras sociedades. Ni los modelos de suscripción, ni los esquemas de donaciones o de contenido mixto han logrado revertir la crisis.

Cada vez menos ciudadanos están dispuestos a pagar por información verificada, y eso debilita la posibilidad de sostener un periodismo profesional y libre de intereses. Iniciativas como Google News representan esfuerzos valiosos, pero aún insuficientes. Aunque buscan fortalecer a pequeños medios en todo el mundo, su alcance es limitado y no resuelve los desafíos estructurales del ecosistema informativo.

Desde el sector regulador entendemos que fortalecer la comunicación responsable implica más que distribuir recursos: requiere promover la verificación de datos, la validación de fuentes y la calidad de la información como pilares de una ciudadanía crítica y una democracia informada. Una nueva amenaza se consolida en el escenario mediático: el uso del poder estatal y judicial para intimidar a periodistas y líderes de opinión, limitando su derecho a investigar y publicar.

En distintos países, incluido el nuestro, los medios enfrentan presiones y procesos que buscan silenciar la crítica y restringir el control ciudadano sobre el poder. Esa tensión entre libertad y coerción redefine hoy la relación entre prensa y Estado. En República Dominicana, el chantaje y la extorsión agravan ese panorama.

Por eso, hemos presentado al Congreso Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento de 1962. Su objetivo es actualizar la normativa, incorporar a los nuevos medios como sujetos de regulación y crear un órgano especializado para gestionar violaciones en coordinación con el Poder Judicial. Esperamos que el debate legislativo sea abierto, participativo y garantice el equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad comunicacional.

Fueron iniciativas del Poder Ejecutivo, que las integró especialmente con abogados, periodistas y directivos de la Sociedad Dominicana de Diarios. Pero más allá de la legislación propuesta y de la crisis del modelo de comunicación, queremos que en esta Asamblea 81 la SIP asuma una preocupación central. No se trata sólo de un problema del sector periodístico, sino de una amenaza directa al modelo democrático.

Lo que está en juego es la calidad de nuestras instituciones y la posibilidad misma de una ciudadanía informada. Defender ese modelo exige un compromiso colectivo. Políticos, empresarios, comunicadores, académicos, organizaciones profesionales, sociedad civil y Estado debemos actuar juntos.

Las redes sociales no son el problema en sí, sino un nuevo desafío en la larga lucha por una democracia transparente y libre.