Poder Ejecutivo trabaja con calma observación a ley de residuos sólidos

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que la nueva Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que está en el Senado de la República, “no tuvo tiempo” de ser enviada al Palacio Nacional antes del cierre de la pasada legislatura.

En ese sentido, agradeció a Dios por ello, ya que, según manifestó, tendrá más tiempo para poder trabajar “con más tranquilidad” las sugerencias de modificaciones a dicha legislación.

Sin embargo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al confirmar que la Ley está en esa ala congresual, reveló que como el Ejecutivo anunció que iba a observar la pieza, la Cámara Alta decidió esperar que se formulen esas propuestas de cambios para luego despachar la norma a la casa del Gobierno.

Tanto Peralta como De los Santos ofrecieron las declaraciones por separado: el primero, en una entrevista en Despierta con CDN, en la que confirmó que el presidente Luis Abinader observará y regresará al Congreso Nacional la cuestionada reforma legal, aprobada por el Senado el pasado 23 de julio, en la recta final de la primera legislatura ordinaria 2025; el presidente del Senado habló en el programa Hoy Mismo, que transmite Color Visión.

El consultor jurídico reconoció que la cuestionada normativa ha generado reacciones, pues toca elementos de interés empresarial. “La Ley no tuvo tiempo de llegar al Poder Ejecutivo antes de que se cerrara la legislatura, y gracias a Dios, porque eso nos da más espacio para poder trabajar la observación con más tranquilidad”, sostuvo.

El pasado 28 de julio, en La Semanal, el presidente Abinader indicó que la Ley de Residuos Sólidos no había llegado al Palacio Nacional, pero que una vez ocurra, la reenviaría a los legisladores con una serie de observaciones, para corregir puntos y abordar diversos cuestionamientos de sectores empresariales que han surgido en torno a la legislación.

La primera legislatura ordinaria del 2025 fue hasta el pasado 26 de julio y la extraordinaria hasta el 5 de agosto.

Observaciones llevan un tiempo

Ricardo de los Santos dijo que “en su momento” la Ley llegará al Poder Ejecutivo, para que le haga las observaciones y a la Cámara Alta.

“Como el Ejecutivo anunció de inmediato que tenía observaciones, nosotros estamos esperando que se formulen (…). El presidente de la República anunció que le iba a hacer observaciones, y eso lleva un proceso. Las observaciones llevan un proceso, y es diferente”, enfatizó.

La Constitución no establece plazo para enviar ley al PE, reglamentos sí

Si bien el presidente de la República tiene cinco o diez días para observar o promulgar una ley (dependiendo si fue declarada de urgencia o no), la Constitución no le establece plazo al Congreso para enviar al Ejecutivo una legislación aprobada por ambas cámaras parlamentarias.

Los reglamentos internos del Senado y la Cámara de Diputados en buscar de llenar este vacío constitucional, indican que los proyectos aprobados por una cámara serán enviados a la otra cámara o al Poder Ejecutivo, según el caso, en un plazo “que no excederá de quince días, contados a partir de la fecha de su aprobación definitiva”.

Reclamo de sectores

Varias entidades solicitaron al presidente Abinader observar la nueva Ley de Residuos Sólidos, por el impacto negativo que ésta tendría en sectores productivos y el impulso a prácticas de monopolio en empresas, como los productores de cemento.

Entre quienes pidieron la revisión de la ley, está la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana; la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem); la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive); representantes de las medianas y pequeñas empresas (Mipymes); la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores); entre otras.

Peralta exhorta al Congreso “apresurar el paso” con CPP

Antoliano Peralta hizo énfasis, además, en el Código Procesal Penal y la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 10-15, que modifica dicho marco legal.

El funcionario exhortó al Congreso a “apresurar el paso” con la reforma de ese código, para que no se pase el año que dio el TC a los legisladores para corregir el procedimiento que hicieron, tiempo que vence en diciembre de este año. Dejar pasar el plazo “sería catastrófico”, según Peralta, quien consideró que el Código Procesal Penal se debe actualizar con el nuevo Código Penal (Ley 74-25).

En diciembre de 2024, el Constitucional falló contra la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal dominicano.

De acuerdo a la sentencia, el órgano extrapoder expulsó el marco legal del ordenamiento jurídico dominicano por ser sancionada por el Senado sin la ratificación de la Cámara de Diputados, y dio un plazo de un año al Congreso para adecuar y aprobar la legislación. Si el órgano bicameral no cumple con esto, los 111 artículos de la atacada ley quedarán suprimidos y se volverá al marco legal de hace 22 años.

Ley especial para las tres causales

Sobre si someterán una ley especial al Congreso para tratar las tres causales del aborto que quedaron fuera en el nuevo Código Penal, Antoliano Peralta dijo que el presidente de la República no ha contemplado ese punto, pero que sí lo ha hecho la Consultoría Jurídica.

“El Presidente no lo ha contemplado, pero incluso, en el ambiente de la Consultoría lo hemos hablado, aunque oficialmente no se lo hemos planteado al presidente”, subrayó.

Viola el artículo 50 de la Constitución

Antes del Poder Ejecutivo anunciar que observará la reforma a la Ley 225-20 (de Residuos Sólidos), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland expresó su oposición al artículo 20 de la pieza, el cual obliga a las cementeras a utilizar combustibles derivados de residuos nacionales. La organización calificó esta disposición como una violación al derecho a la libertad de empresa, consagrado en la Constitución. La nueva ley transgrede los principios de equilibrio y sostenibilidad en la libre empresa, consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna, que en su numeral 1 prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado.