PLD alerta sobre riesgos a la libertad de expresión
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó este lunes sobre «marcadas» y «malsanas intenciones» del Gobierno de impulsar iniciativas legislativas con el «propósito de silenciar la libre expresión de pensamiento», como disposiciones del nuevo Código Penal y de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
«El PLD alerta sobre las marcadas y malsanas intenciones del gobierno de impulsar iniciativas con el propósito de silenciar la libre expresión de pensamiento, características que guardan una estrecha similitud con los inicios de los regímenes totalitarios y dictatoriales», indicó la organización política en un comunicado.
En ese sentido, el PLD considera que disposiciones del nuevo Código Penal, que entraría en vigor en agosto; de la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, así como del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, introducido en el Senado de la República en mayo del 2022, «van en contra de la difusión del pensamiento».
Aseguró que estas reformas «atentan» con amenazas de prisión, no solo para la prensa, influencers y quienes realizan labores de comunicación en plataformas virtuales, sino para toda la ciudadanía dominicana que desee hacer una denuncia con fines de investigación.
Para la organización política dichas reformas están «en franca violación al criterio firme del Tribunal Constitucional, que ha eliminado las penas de prisión para los delitos de difamación e injuria en dos sentencias».
Al partido le «preocupa particularmente» que figuras penales «redactadas de forma ambigua, sanciones que incluyen privación de libertad para determinadas expresiones, y facultades amplias de inteligencia estatal puedan generar un ambiente de temor, autocensura e incertidumbre incompatible con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República».
Recordó que en el pasado el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento «que establecían sanciones penales por difamación e injuria contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones»; así como una sentencia posterior de dicho tribunal «reafirmó criterios orientados a impedir que la privación de libertad sea utilizada como mecanismo de restricción del ejercicio de la libertad de expresión».
