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Luis Abinader pasa balance a la política habitacional oficial

El Gobierno informó este lunes que los programas estatales de vivienda han entregado 24,243 unidades habitacionales con una inversión aproximada de RD$64,000 millones. Asimismo, anunció la meta de incorporar 9,300 soluciones adicionales para 2028 durante la edición de LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader y enfocada en vivienda, hábitat, saneamiento y titulación.

Durante el encuentro “LA Agenda Semanal”, el presidente Luis Abinader presentó un balance integral de la política habitacional del Gobierno, estructurada en cinco ejes estratégicos: construcción de nuevas unidades, mejoramiento de inmuebles existentes, saneamiento y hábitat, titulación de terrenos e incentivos al sector privado para el desarrollo de proyectos de bajo costo.

Como parte de estas metas, las autoridades anunciaron que entre octubre y diciembre de este año prevén completar alrededor de 2,000 nuevas viviendas, al tiempo que avanzan en la entrega y planificación de obras residenciales en Santo Domingo, Santiago y diversas provincias del país, priorizando la incorporación de servicios básicos esenciales para elevar la calidad de vida de las comunidades.

Subsidios para facilitar la compra

Los programas Mi Vivienda y Familia Feliz facilitan la adquisición de inmuebles de bajo costo (menores a RD$4 millones) mediante un esquema combinado de subsidios estatales que aporta entre RD$1.0 y RD$1.2 millones por familia a través de Fonvivienda, el Bono ITBIS y otros incentivos, cubriendo cerca de un tercio del valor del inmueble.

El ministro Jean Luis Rodríguez destacó que Mi Vivienda ya suma cerca de 8,000 unidades entregadas en localidades como San Luis, Hato Nuevo, Ciudad Modelo y La Barranquita.

En tanto, el viceministro y director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Cury, precisó que Familia Feliz, enfocado en hogares con ingresos de 1.5 a 5 salarios mínimos, entregó cerca de 8,500 viviendas en sus primeros dos años antes de transferir su administración al Mivhed.

Reparación de viviendas

El eje de mejoramiento habitacional y hábitat, el plan Dominicana se Reconstruye (Mivhed) intervino 58,538 viviendas entre 2020 y septiembre de 2026 —incluidas 1,358 hechas desde cero, se erradicaron pisos de tierra y se repararon techos en zonas vulnerables.

El ministro Jean Luis Rodríguez detalló que estas obras abarcan asfaltado, aceras, agua y espacios públicos en comunidades de Azua, El Seibo, Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal, Los Guaricanos, Santo Domingo Este y Guerra, con próxima extensión a sectores como El Higüero.

En paralelo, la Dasac reportó 5,974 techos reparados (más 3,000 proyectados este año) junto a enseres y salud, mientras que Propeep ejecuta 500 mejoras en el barrio Enriquillo (SDO) y suma 290 viviendas entregadas a familias vulnerables o siniestradas en Azua, Barahona, Najayo y Montecristi.

Ciudad Juan Bosch

Al abordar el impacto de los proyectos habitacionales de gran escala durante “LA Semanal con la Prensa”, el presidente Luis Abinader estableció un marcado contraste entre el estado en que recibió el complejo Ciudad Juan Bosch en 2020 y su realidad actual, señalando que en los seis años de su gestión se han construido tres veces más viviendas que en los seis años de las administraciones de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El mandatario y las autoridades del área explicaron que el complejo pasó de un esquema fallido y técnicamente quebrado a un modelo autosostenible: mientras entre 2014 y 2020 solo se habían completado unas 4,600 unidades habitacionales, a la fecha la cifra asciende a cerca de 16,800 viviendas terminadas (unas 12,200 adicionales), lo que representa un crecimiento superior al 300 %.

Por su parte, Cury detalló que el proyecto operaba con un déficit estructural y una deuda acumulada que superaba los RD$4,000 millones, pasivo que tuvo que ser asumido y saneado a través del Ministerio de Hacienda.

Tras sanear sus finanzas, el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch recuperó más de RD$850 millones y reinvirtió RD$3,600 millones de sus propios excedentes en vialidad y servicios básicos, logrando operar sin transferencias extraordinarias del presupuesto nacional.

El presidente Luis Abinader destacó que esta intervención devolvió la confianza al sector privado y dotó al complejo de equipamiento social antes inexistente, como la multiplicación de escuelas y centros de salud, la futura zona franca tecnológica y el recinto de la UASD pautado para el segundo trimestre de 2027, que convirtió un proyecto insolvente en un modelo de desarrollo replicable en Santiago.

En el eje de seguridad jurídica, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, informó que el Gobierno ha entregado 173,540 títulos de propiedad desde 2020 a la fecha, lo que cuadruplica los 42,000 otorgados en administraciones anteriores.

Méndez detalló que otros 156,755 certificados se encuentran en fases de mensura, catastro y registro, permitiendo proyectar una meta final de entre 300,000 y 350,000 títulos a nivel nacional en coordinación con el CEA y el IAD.

El presidente Luis Abinader destacó que este programa representa un ahorro superior a los RD$17,400 millones para las familias beneficiadas ,al evitar un costo individual de al menos RD$100,000 por trámite particular, y abre el acceso inmediato al crédito bancario y la formalización patrimonial, con la provincia Santo Domingo liderando el impacto territorial al concentrar el 43 % de las entregas (74,472 títulos), seguida por San Pedro de Macorís (15 %) y el Distrito Nacional (8%).

Saneamiento ambiental

En el marco del eje de saneamiento ambiental y mejora del hábitat abordado durante la jornada de rendición de cuentas del Gobierno, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, destacó que las inversiones en agua y saneamiento han dejado de concebirse únicamente como servicios básicos para convertirse en una plataforma directa de dignificación del hábitat y desarrollo económico.

Como referente de esta política, Arnaud subrayó la transformación integral y saneamiento del Arroyo Gurabo, en Santiago, donde la institución articuló la reubicación de unas 1,900 familias que habitaban en zonas de extrema vulnerabilidad hacia entornos seguros, complementada con la entrega de más de 1,500 apartamentos, la recuperación del bosque ribereño y la creación de parques recreativos, ciclovías y áreas deportivas.

Puntualizó que el plan ha incluido la instalación de más de 3,000 kilómetros de nuevas redes de tuberías, la puesta en operación de 47 sistemas de agua potable y 15 sistemas de saneamiento en demarcaciones como Monte Plata, Navarrete, Monción, Baní, Castillo, Pimentel y Las Matas de Farfán, además de proyectos estratégicos de saneamiento universal en polos turísticos y costeros para garantizar un crecimiento urbano ordenado y sostenible.

De su lado, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví (Fellito), informó que la producción de agua potable aumentó un 38 % gracias a la rehabilitación de sistemas clave como Barrera de Salinidad y la instalación de más de 600 kilómetros de nuevas redes para abastecer a más de 200 barrios. Suberví destacó, además, el impacto en la salud pública con el saneamiento de cañadas en el Gran Santo Domingo.

Coordinación oficial para evitar duplicidad

Durante LA Agenda Semanal, el jefe de Redacción de elCaribe, Héctor Marte, preguntó al presidente Luis Abinader sobre los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones del Estado para evitar la duplicación de obras y optimizar la ejecución de proyectos. En respuesta, el mandatario explicó que cada martes se reúne el Gabinete de Agua y Construcción junto a la Comisión de Desarrollo Provincial para coordinar intervenciones en todo el país, revisar proyectos en ejecución y definir responsabilidades entre las entidades involucradas. Abinader sostuvo que este esquema permite evitar solapamientos, agilizar la ejecución de obras y garantizar que los proyectos de infraestructura, asfaltado y desarrollo comunitario se realicen de manera articulada entre las diferentes dependencias del Estado, para asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos en cada comunidad intervenida.

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