La justicia en el país avanza, pero enfrenta desafíos estructurales
Mientras el contexto internacional muestra un deterioro institucional generalizado, el sistema judicial dominicano ha experimentado avances significativos, sin embargo, las mejoras en la capacidad resolutiva conviven con barreras estructurales que afectan el acceso efectivo a la justicia y limitan su impacto transformador.
Según el estudio “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano. Informe de Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana 2026”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizado a profesionales del derecho, el desconocimiento de los derechos, los costos y la complejidad de la gestión son barreras estructurales que actúan como desincentivos para el uso de mecanismos formales de resolución de conflictos, que afecta principalmente a hogares de ingresos medios y bajos, trabajadores informales y microempresas.
Durante una entrevista con elCaribe, Gloria Manzotti, especialista en políticas de Estado de Derecho para América Latina y el Caribe, y Sócrates Barinas, economista senior del PNUD en el país, describieron que la investigación realizada en departamentos judiciales del Distrito Nacional como de otras jurisdicciones del país con menores niveles de desarrollo humano, identificó que entre los retos que enfrenta el sistema se encuentra la demora y tiempos excesivos de procesos judiciales, el costo y gastos legales que tienen que enfrentar los actores, la calidad de la atención a los usuarios y dificultades de acceso por distancia entre la población necesitada y los tribunales.
En la investigación de campo, se identificaron procesos en donde los afectados desistieron de continuar porque ya no contaban con recursos económicos para continuar.
“República Dominicana ha dado pasos súper sólidos que se reconocen en el nivel internacional”, expresó Manzotti al destacar que desde hace diez años, la transformación del sistema de justicia ha avanzado de manera sostenida y el mejorar el acceso a la justicia ha ido un factor determinante en ello.
Destacó que la digitalización ha sido un catalizador del cambio sin embargo, enfatiza que la sostenibilidad de la modernización judicial reside en la expansión nacional de los servicios digitales, que priorice la alfabetización jurídica digital, la seguridad en la gestión de datos y la creación de entornos virtuales accesibles para todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, condición socioeconómica o discapacidad.
Presión procesal
“En términos de una teoría de cambio, lo importante, que de alguna manera aporte el informe es que primero mira el proceso y las instituciones del sistema de justicia, porque para nosotros el proceso y lo que sucede en términos de la provisión de servicios”, refirió el economista Barinas.
Barinas describió que el sistema ha logrado, a través de un proceso de cambios desde el 2020, una capacidad resolutiva que supera el 80% de soluciones – a excepción del departamento judicial de Montecristi – a pesar de las vulnerabilidades locales, sin embargo, los hallazgos demuestran que la capacidad resolutiva no debe medirse solo por el volumen de casos despachados, sino por la calidad de la experiencia ciudadana.
Señaló que el promedio de tiempo para la solución de los casos en el Poder Judicial se redujo en 21.6 días, independientemente de la materia de la que se trate y las complejidades que cada proceso.
El estudio enfatiza que en los centros urbanos, el desafío principal es la presión procesal: la alta concentración de casos satura la capacidad institucional, lo que exige una asignación estratégica de recursos que permita sostener la capacidad de respuesta del sistema y que la mejora en la capacidad resolutiva se produce bajo severas restricciones financieras y de capital humano. Entre 2020 y 2025, mientras la población del país crecía, la densidad de jueces por millón de habitantes cayó de 7.4 en 2021 a 6 en 2025.
“Todas estas evidencias se inscriben en una acción de política pública muy concreta, que desde el Poder Judicial dominicano está centrado en el plan y que se puede rápidamente, con la información de los territorios, priorizar acciones que ya se están llevando adelante para acelerar el acceso a la justicia por parte de las personas”, señaló la especialista en políticas de Estado de Derecho del PNUD.
Violencia de género y desafío al sistema
El análisis cruzado de datos del Poder Judicial y las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales muestra que las provincias con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) presentan las tasas más elevadas de violencia intrafamiliar y conflictividad comunitaria y esas disparidades se manifiestan en una presión desproporcionada de casos de violencia basada en género (VBG) e intrafamiliar, lo que se consolida como uno de los principales factores de presión que tensionan las capacidades del sistema.
En lo relativo a la presión por demanda, departamentos como San Juan de la Maguana y Santo Domingo registran tasas de casos de 310 y 306, respectivamente, por cada 10,000 mujeres, lo cual duplica y triplica a departamentos como Santiago y Distrito Nacional donde la data es de 177 y 36.5.
“Hay de alguna manera un desafío latente… Estamos viendo en zonas de desarrollo humano más bajo, donde hay menos empoderamiento de la mujer y hay menos inserción laboral, etcétera, menos autonomía, todavía hay muchas más denuncias y reportes en términos de casos de violencia basada en género”, refirió Barinas.
