Keiko Fujimori promete aplicar el “modelo Bukele”: ¿qué significaría para Perú?
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno seguirá el ejemplo del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para enfrentar la delincuencia, una declaración que abre el debate sobre qué elementos del llamado “modelo Bukele” podrían ser aplicados en territorio peruano y cuáles encontrarían límites constitucionales.
La declaración se produjo el domingo 9 de agosto, cuando Fujimori respondió durante una transmisión en vivo a una ciudadana que le pidió seguir los pasos de Bukele. “Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, respondió la mandataria.
Keiko Fujimori no detalló en esa intervención cuáles medidas concretas adoptaría ni anunció la declaración de un régimen de excepción. Sin embargo, durante la campaña electoral había planteado iniciativas inspiradas en la política de seguridad salvadoreña, entre ellas la construcción de una megacárcel tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida durante el gobierno de Nayib Bukele.
La criminalidad que enfrenta Perú
La propuesta de Keiko Fujimori se produce en un contexto de preocupación por la inseguridad y el avance del crimen organizado en Perú, donde los homicidios y delitos como la extorsión se han convertido en algunos de los principales desafíos para las autoridades.
La tasa de homicidios peruana para 2025 se situó en aproximadamente 10,7 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos oficiales utilizados por el Comité Estadístico de la Criminalidad y recogidos también por análisis especializados.
La criminalidad en el país también está marcada por delitos como la extorsión y los ataques vinculados con organizaciones criminales, lo que ha convertido la seguridad en uno de los principales desafíos de la nueva administración.
El modelo de Bukele se ha caracterizado principalmente por una estrategia de persecución intensiva de las pandillas, una fuerte presencia policial y militar, encarcelamiento masivo y el endurecimiento de determinadas normas penales.
Uno de sus principales instrumentos es el régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 después de una ola de homicidios. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó entonces medidas que permitieron restringir temporalmente determinadas garantías constitucionales y facilitaron las operaciones contra las estructuras criminales.
A partir de ese momento, las autoridades salvadoreñas realizaron decenas de miles de detenciones y aprobaron modificaciones legales relacionadas con las pandillas y los procesos penales. El CECOT se convirtió, además, en uno de los símbolos de esta estrategia debido a su gran capacidad y a su utilización para recluir a personas acusadas de pertenecer a organizaciones criminales.
Por eso, cuando Keiko Fujimori habla de seguir los pasos de Bukele, uno de los elementos que puede observarse con mayor claridad es el endurecimiento de la política penitenciaria, especialmente por su propuesta previa de construir una prisión inspirada en el CECOT. No obstante, eso no significa que Perú vaya a copiar automáticamente todo el régimen salvadoreño.
El resultado que El Salvador atribuye a la estrategia
El Gobierno salvadoreño sostiene que su política de seguridad produjo una reducción histórica de los homicidios. Según el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, el país cerró 2025 con 82 homicidios y una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La Fiscalía General salvadoreña informó además que, de esos 82 homicidios, 43 fueron atribuidos a conflictos sociales, 31 a conflictos familiares y ocho a delincuencia general, según la clasificación oficial utilizada por las autoridades.
La caída ha sido pronunciada desde antes y después de la entrada en vigor del régimen de excepción. En 2021, El Salvador registró 1.147 homicidios; en 2022 fueron 495 y en 2023 las autoridades reportaron 154.
Estas cifras son uno de los principales argumentos utilizados por Bukele y sus partidarios para defender la estrategia. Sin embargo, la reducción de los homicidios no significa que exista consenso sobre todos los métodos utilizados para conseguirla.
Las críticas por derechos humanos
El régimen salvadoreño ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha documentado detenciones arbitrarias masivas, denuncias de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas. En julio de 2026, la organización afirmó que lo que comenzó como una medida temporal contra las pandillas se había convertido en un sistema permanente de violaciones de derechos humanos.
Human Rights Watch también ha documentado graves abusos relacionados con el régimen de excepción y ha señalado que la reducción de la violencia debe analizarse junto con las denuncias sobre detenciones arbitrarias y vulneraciones del debido proceso.
Por ello, cualquier intento de trasladar el modelo salvadoreño a Perú tendría que considerar no solamente sus resultados en materia de homicidios, sino también las garantías constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
¿Puede Perú aplicar un régimen de excepción?
La Constitución peruana contempla mecanismos para enfrentar situaciones graves de alteración del orden interno. El artículo 137 permite al presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros, declarar el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o circunstancias graves que afecten la vida de la Nación.
Durante un estado de emergencia pueden restringirse o suspenderse determinados derechos relacionados con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y tránsito, de acuerdo con las condiciones establecidas constitucionalmente.
El plazo del estado de emergencia no puede exceder de 60 días, aunque puede ser prorrogado mediante un nuevo decreto. La Constitución también contempla que las Fuerzas Armadas puedan asumir el control del orden interno si el presidente así lo dispone.
Esto significa que Perú sí tiene herramientas constitucionales para adoptar medidas extraordinarias contra una situación grave de inseguridad, pero no puede equipararse automáticamente el estado de emergencia peruano con el régimen de excepción salvadoreño.
Además, la existencia de un régimen de excepción no elimina el control judicial ni convierte en ilimitadas las facultades del Estado. Las restricciones deben mantenerse dentro de los parámetros constitucionales y legales.
¿Qué podría aplicar Fujimori y qué necesitaría una reforma?
Una parte de la estrategia que Keiko Fujimori ha planteado puede desarrollarse mediante políticas públicas y decisiones administrativas, como el fortalecimiento de la Policía, la ampliación de la infraestructura penitenciaria, la construcción de establecimientos de máxima seguridad y el desarrollo de operaciones contra organizaciones criminales.
La creación de una cárcel inspirada en el CECOT también podría plantearse dentro del sistema penitenciario peruano, siempre que su construcción, funcionamiento y régimen interno cumplan con la legislación nacional y las obligaciones internacionales en materia de derechos de las personas privadas de libertad.
En cambio, el Ejecutivo no podría reproducir por decreto todas las modificaciones penales que acompañaron al modelo salvadoreño. Cambiar delitos, penas y determinadas reglas del proceso penal corresponde al ámbito legislativo y debe respetar la Constitución.
De igual manera, una política de detenciones masivas sin individualización de responsabilidades, restricciones indefinidas de derechos o eliminación de garantías judiciales no podría considerarse una simple réplica administrativa del modelo salvadoreño.
El reto para Fujimori será, por tanto, determinar hasta dónde puede avanzar con las herramientas que ya contempla el ordenamiento peruano y qué medidas necesitarían pasar por el Congreso. La comparación con El Salvador también obligará a evaluar dos elementos de manera simultánea: la reducción de los homicidios que las autoridades salvadoreñas atribuyen a su estrategia de seguridad y las denuncias de violaciones de derechos humanos formuladas contra ese mismo modelo.
La eventual adopción de medidas inspiradas en el modelo salvadoreño dependerá de las acciones que impulse el Gobierno peruano, de las facultades disponibles y de aquellas que requieran nuevas leyes o modificaciones al marco constitucional y penal del país.
