Internos con problemas mentales en celdas inhumanas en la República Dominicana
Modesto Pérez, un interno del Centro de Privación de Libertad Concepción de La Vega, vive día tras día, semana tras semana y año tras año, en una situación de violación de derechos humanos dentro del sistema penitenciario dominicano.
A pesar de que su egreso del centro ya fue ordenado, Modesto continúa encerrado, viviendo en condiciones inhumanas y degradantes, sin recibir el tratamiento médico adecuado que su estado de salud mental requiere.
Durante una visita realizada en 2023 por la Defensa Pública, se constató que la celda de reflexión donde se encuentra el interno carece de ventilación, luz y condiciones higiénicas mínimas.
El informe describe el lugar como oscuro y sucio, con una acumulación de insectos y mosquitos debido a la falta de mantenimiento y limpieza. En el área fueron halladas cuatro personas en condiciones inadecuadas, obligadas a convivir en un ambiente que atenta contra su salud y su dignidad humana.
Entre esos internos se encontraba Modesto Pérez, diagnosticado con una condición psiquiátrica severa. Según el informe, su trastorno lo lleva a hacer sus necesidades dentro de la celda y embadurnarse con sus propias heces, lo que genera un hedor insoportable y expone tanto a él como a los demás internos a un entorno totalmente insalubre.
Los defensores describen que las personas aisladas en esa área sufren un triple tormento: la pérdida de libertad, la soledad y el deterioro de su salud física y mental.
Ese centro penitenciario de La Vega alberga actualmente ocho internos diagnosticados con enfermedades mentales, pero no cuenta con un suministro regular de medicamentos psiquiátricos.
Las autoridades del penal reconocieron que los fármacos deben ser solicitados o llegan únicamente a través de donaciones, lo que deja a muchos pacientes sin tratamiento continuo. En el caso de Modesto, afirmaron que “ellos mismos gestionan los medicamentos”, aunque no se especifica si recibe atención psiquiátrica especializada.
Representantes de la Defensa Pública han expresado su preocupación por el caso, señalando que mantener a una persona con enfermedad mental en esas condiciones, pese a existir una orden de libertad, constituye una violación grave a los derechos fundamentales.
“A Modesto Pérez, en los dos últimos informes nosotros lo hemos sacado en la primera página para ver si el Estado se conduele de él”, señaló el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos durante una entrevista concedida a un equipo del periodico elCaribe.
Sin medicamentos, sin esperanza
Modesto Pérez, solo es uno de las 331 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario de la República Dominicana, que padecen problemas de salud mental, según datos registrados por el Informe del 2023, emitido por la Defensa Pública.
De esa cifra, 96 corresponden al sistema tradicional y 235 al llamado Nuevo Modelo Penitenciario, lo que revela que ni siquiera las cárceles reformadas han logrado garantizar atención adecuada a los internos con trastornos psiquiátricos.
De acuerdo con el titular de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, en la actualidad el número de internos con problemas de salud mental en el sistema penitenciario de la República Dominicana asciende a alrededor de 500 personas.
Valentín Santos denunció que en la República Dominicana cientos de personas privadas de libertad con trastornos mentales permanecen encarceladas sin recibir tratamiento adecuado, debido a la falta de centros especializados del Estado para su atención.
“Muchos de ellos cumplen condenas y no los sacan porque los consideran un peligro público, y en otros casos sus propios familiares no los quieren recibir. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos pudrir en una cárcel, hacerlo parte del hacinamiento cuando ya no es necesario? El Estado no tiene un lugar a dónde llevarlos”, expresó.
Valentín Santos criticó duramente las condiciones de encierro en las que viven las personas privadas de libertad, señalando que los espacios insalubres, el hacinamiento y la falta de atención psicológica o psiquiátrica agravan las enfermedades mentales y pueden incluso provocarlas.
“¿Cómo crees que una persona puede mejorar en esas condiciones? Es más, hasta el más sano de los sanos entra en depresión, ansiedad, esquizofrenia o paranoia en esas cárceles. Imagínate alguien que ya arrastra un trastorno mental”, afirmó.
El director de la Defensa Pública también cuestionó la falta de intervención preventiva del Estado en los casos de salud mental que derivan en tragedias.
Citó como ejemplo los recientes hechos que han conmocionado al país, como el caso de la doctora que decapitó a su hija y el del joven que hirió a varias personas y mató a una señora en su edificio, ambos con antecedentes de trastornos mentales.
“¿Qué ha hecho el Estado a través de la fiscalía? Meterlos presos. Pero lo que no se dice es si algún psiquiatra del Estado ha ido a evaluar a esa gente para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. No. Es más fácil esperar a que una persona con problemas mentales cometa un hecho trágico para entonces apresarla, en lugar de prevenir y salvar vidas”, subrayó.
Una deuda del Estado con la salud
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, denunció que en las cárceles dominicanas más de 500 personas privadas de libertad padecen enfermedades mentales, sin recibir atención médica adecuada ni condiciones humanas para vivir.
Mercedes afirmó que muchos de estos internos deberían ser entregados a sus familias para que reciban el cuidado digno que el Estado no les garantiza, permitiéndoles “morir conforme a las normas que un ser humano merece morir”.
“Lo que pasa es que aquí, como la mayoría de los privados de libertad provienen de sectores de escasos recursos, como son pobres, hay que dejarlos que se pudran ahí”, denunció
El presidente de la CNDH calificó como “ilógico e inaceptable” el proyecto de las autoridades penitenciarias de crear pabellones para enfermos mentales dentro de los mismos recintos carcelarios, lo que, a su juicio, perpetuaría el maltrato y la falta de atención especializada.
“Lo que se debe construir es un gran centro de privación de libertad exclusivo para personas con trastornos mentales, donde puedan recibir las atenciones conforme a su condición y no ser tratados como criminales”, enfatizó Mercedes.
El presidente de la CNDH recordó que el propio Código Penal dominicano establece que las personas con trastornos mentales no deben ser juzgadas ni encarceladas, ya que carecen de la capacidad para responder por sus actos.
“Aquí hay privados de libertad que están totalmente en estado de locura, que no pueden responder ante la justicia. Sin embargo, por el hecho de lo que han cometido o por la presión mediática, prefieren enviarlos a prisión en lugar de brindarles tratamiento psiquiátrico”, señaló.
Sin programas de rehabilitación”
El reconocido especialista en salud mental, Dr. José Miguel Gómez, denunció la grave situación del sistema penitenciario dominicano, donde internos con trastornos mentales carecen de programas de reinserción y rehabilitación social, pese a la presencia de algunos psiquiatras en el Inacif, la Procuraduría y algunas cárceles.
“El problema del sistema carcelario es que no tiene una estructura clara con objetivos ni normas unificadas que permitan atender a pacientes con trastornos bipolares, esquizofrenia, alcoholismo o dependencia a drogas”, explicó el experto.
El doctor Gómez indicó que para atender adecuadamente a internos con problemas de salud mental se necesitan recursos propios, logística completa, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, además de unidades especializadas de reinserción y rehabilitación dentro de cada centro penitenciario.
“Actualmente, esos pacientes no reciben ningún tipo de programa de rehabilitación social”, resaltó.
El especialista destacó que muchos internos reincidentes que podrían presentar trastornos de personalidad o psicopatía no están correctamente diagnosticados.
Explicó que esto dificulta que la justicia pueda implementar programas de atención adaptados a pacientes de larga estadía, quienes requieren estrategias específicas para convivir dentro del sistema penitenciario.
“Sin diagnósticos claros, estos internos permanecen en prisión sin tratamiento ni rehabilitación, y su condición se deteriora con el tiempo”, señaló el doctor Gómez.
El Dr. Gómez alertó que la mayoría de los internos en prisión preventiva presentan trastornos psiquiátricos y físicos que se agravan por la falta de atención, mientras algunos llevan más de cinco años sin ser juzgados ni procesados.
Comparó que en otros países, cuando una persona es procesada y se determina que tiene un problema de salud mental, es trasladada a hospitales del sistema carcelario con programas especializados. “Aquí eso no existe”, explicó.
El especialista subrayó que el sistema dominicano no ha implementado modelos internacionales de unidades de salud mental ni programas de rehabilitación psicosocial, dejando a los internos en condiciones infrahumanas
Modelo tradicional
Los datos reflejan que en el modelo penitenciario tradicional aún prevalece la precariedad en la atención médica y psicológica.
Entre los principales centros con población psiquiátrica figuran: la cárcel de La Victoria, con 44 internos diagnosticados con enfermedades mentales, el mayor número dentro del sistema tradicional; Azua (15 de Azua), con 14 internos en esta condición; La Vega, con 8 diagnosticados; Barahona, con 8 casos; Neyba, con 6 internos; y San Francisco de Macorís, con 4 personas con condición psiquiátrica.
De igual forma El Seibo, 4 casos; San Juan de la Maguana, 3 casos; Palo Hincado (Cotuí), 2 enfermos mentales; Pedernales, 2 internos con trastornos y Operaciones Especiales, 1 privado de libertad medicado por enfermedad mental.
En total, 96 internos en los recintos del sistema tradicional viven con alguna enfermedad mental, muchos de ellos sin medicación constante ni seguimiento profesional, según se ha constatado en visitas de verificación de la Defensa Pública.
Centros de “nuevo modelo”
Aunque el Nuevo Modelo Penitenciario fue diseñado con un enfoque de rehabilitación, las cifras muestran que también enfrenta un déficit importante en atención de salud mental, con 235 privados de libertad diagnosticados con trastornos psiquiátricos.
Entre los centros de reclusión con mayor número de pacientes mentales se destacan: CCR El Pinito (La Vega) – 28 internos con enfermedades mentales; CCR Vista al Valle (San Francisco de Macorís) – 28 casos; CCR Najayo Hombres XVII – 26 internos con problemas mentales y 84 evaluaciones psiquiátricas recientes; CCR Valverde Mao (CCR IV) – 24 pacientes con diagnóstico psiquiátrico, además de otros en tratamiento con medicación; CCR Najayo XX – 24 privados con condiciones psiquiátricas y CCR Najayo Mujeres – 22 internas con trastornos psiquiátricos y sin asistencia psiquiátrica estable.
De igual manera, en elCCR Monte Plata (VIII) se encuentran 14 internos con problemas mentales; en CCR Cucama (La Romana) – 12 personas con trastornos psiquiátricos, sin especialista disponible; CCR Bani Mujeres (XIII) – 10 internas con condiciones mentales; CCR Abierto Haras Nacionales / CCR Adultos Mayores (XIX) – 8 internos con trastornos; CCR Elías Piña – 6 internos sin atención psiquiátrica designada; Centro Ciudad del Niño – 7 adolescentes diagnosticados con enfermedades mentales y CCR Rafey Hombres (Santiago) – cuenta con departamento de psicología, pero carece de medicamentos suficientes y mantiene internos aislados por peligrosidad al no estar medicados.
Tienen que pagar para obtener medicamentos
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, explicó que internos denuncian tener que pagar para obtener sus medicamentos, incluso aquellos para enfermedades crónicas, “evidenciando una inaceptable mercantilización de la salud”. Dijo que la atención a la salud mental es insuficiente, a pesar de que el 20% de la población reporta problemas y no existen programas adecuados para tratar adicciones.
Además, persiste la peligrosa convivencia de internos con enfermedades infectocontagiosas (VIH, tuberculosis, hepatitis) con el resto de la población, sin medidas de separación ni prevención efectivas, una situación ya señalada por la CIDH en 1999 y confirmada por la ONDP en 2023.
