FP denuncia inclusión irregular de 700 mil beneficiarios en Supérate por más de RD$8,196 millones

Santo Domingo. El Partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que 300 mil hogares fueron incorporados de manera unilateral al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil incorporaciones, lo que dice ha generado al erario un costo anual de RD$8,196 millones.
La denuncia fue hecha por el exvicepresidente de la República y miembro de la dirección política de la FP, Rafael Alburquerque, quien culpó de la situación a la dirección del programa Supérate.
Solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría especial sobre las incorporaciones, los desembolsos y los controles del programa Supérate, así como a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar las actuaciones que pudieran tener relevancia penal.
La solicitud fue presentada durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, acompañado de Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la FP y exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales, y de los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, estos últimos, exdirectores generales de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y del Programa Solidaridad, respectivamente.
“Y lo que es más grave. Esta resolución contempla la inclusión de hogares que todavía no han sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), disponiendo que su clasificación se realizara con posterioridad a su incorporación”, afirmó el dirigente político.
“¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar”, expresó Alburquerque, quien cuestionó que se adoptara esa decisión cuando, según explicó, solo el SIUBEN estaba legalmente facultado para identificar y categorizar los hogares pobres del país. “¿Qué autoridad política autorizó estas inclusiones? ¿Cómo es posible que un funcionario viole impunemente la ley? Estas preguntas requieren respuestas documentadas”, agregó.
El exvicepresidente señaló que cuatro años después Supérate reincide en lo que considera una violación de las normas legales, mediante la resolución 071-2026, del 21 de octubre de este año, sobre el bono navideño, que contempla identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósito, marginando al SIUBEN de las funciones que le corresponden en la identificación y categorización de los hogares pobres.
Alburquerque indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de RD$19,000 millones, según las propias autoridades, mientras que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 propone otros RD$4,000 millones para ese programa, lo que representa más de RD$23,000 millones entre los bonos anunciados y la nueva asignación presupuestaria.
“¿Quién ha certificado que los destinatarios de esos hogares son pobres? ¿Dónde están las evaluaciones socioeconómicas del SIUBEN?”, preguntó Alburquerque, al insistir en la necesidad de esclarecer los procedimientos utilizados para seleccionar a los beneficiarios de esos recursos públicos.
El dirigente opositor, quien durante los años 2004 al 2012 se desempeñó como coordinador del Gabinete de Política Social del Gobierno, recordó que fue parte del proceso de creación y desarrollo del sistema de protección social durante las administraciones del presidente Leonel Fernández, experiencia que le permitió conocer directamente el funcionamiento de los programas sociales y los mecanismos establecidos para seleccionar a sus beneficiarios.
“Que quede absolutamente claro. No estamos en contra de los programas sociales ni de los subsidios destinados a proteger a las familias más vulnerables. Por el contrario, fuimos protagonistas de la creación del sistema de protección social durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, convencidos de que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan”, manifestó.
Alburquerque sostuvo que desde 2022 la Fuerza del Pueblo viene denunciando el uso indebido de los recursos públicos destinados a la protección social y advirtiendo que la expansión de los padrones de beneficiarios, la creciente asignación de recursos y la falta de transparencia estaban creando condiciones propicias para la utilización política de los programas sociales.
“Lo que denunciamos y rechazamos es el uso y abuso de los recursos públicos con fines clientelares y electorales. Los subsidios deben servir para combatir la pobreza, no para comprar voluntades ni convertir las necesidades del pueblo en instrumento de manipulación política. ¡Una cosa es proteger al pueblo y otra, muy distinta es pretender comprar su voto con el dinero del propio pueblo!”, expresó.



