Estafa, lavado, soborno y luego ¿Un acuerdo en el que se admita la culpabilidad?

Los montos que obtuvo el Estado por acuerdos en los casos de corrupción de los últimos cuatro años, son nueve veces el presupuesto del Ministerio de la Juventud, seis veces el de la Mujer, tres veces el de Energía y Minas, casi el doble del Ministerio de la Vivienda, el doble del de Administración Pública, más que la Cámara de Diputados, el del Ministerio de Relaciones Exteriores, Turismo y Deportes, pero casi la mitad del presupuesto del Poder Judicial y la mitad del de la Procuraduría General de la República.

Mediante los procesos por corrupción, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha homologado acuerdos y juicios abreviados que superan los 5,664 millones de pesos entre el 2020 y el 2025. Con ese monto se pudiera construir otra termoeléctrica como Punta Catalina, principal fuente para generar energía en el país.

Y, si se suman los 187 millones cuarenta mil dólares que obtuvieron de los acuerdos con la Constructora Norberto Odebrecht y la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), calculados a una tasa de 48×1, el monto total de lo recuperado en los últimos ocho años sería más de RD$14,950 millones.

Sin embargo, quienes han hecho negocios y se han beneficiado del erario de forma fraudulenta, tuvieron transacciones que al cuantificarlas, como dijo la expresidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte: “Se podrían hacer dos República Dominicana”.

Las autoridades desde hace más de ocho años están recurriendo a los acuerdos judiciales para ir resolviendo casos de corrupción, sin embargo, la ciudadanía no se sienten conformes porque lo entienden como un premio.

El sistema judicial tiene como reto hacerle entender a la población los beneficios de los acuerdos ¿por qué son importantes o por qué recurren a ellos cuando, las admisiones de culpabilidad son una muestra de que podrían ir a la cárcel? Y, si ¿Es mejor un acuerdo que llevarlos a juicio y que un tribunal les dicte, además de la sanción moral, una penal?

Aunque en la administración de la Procuraduría General de la República liderada por Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso es donde más se han evidenciado acuerdos con imputados de corrupción, lavado de activos, desfalco contra el estado, asociación de malhechores, entre otros, los acuerdos bajo criterio de oportunidad comenzaron a realizarse en 2017 cuando Odebrecht admitió pagar 92 millones de dólares en soborno y se comprometió a pagar el doble, 184 millones así como brindar información para detectar los beneficiarios de esos recursos ilícitos y la forma en que se hizo.

A esto siguió la arribada con la también empresa Embraer, por la compra de aviones Súper Tucanos. El pacto se selló en 2018 en siete millones 40 mil dólares a favor del Estado dominicano por el soborno admitido a fin de concretar la compra de ocho aeronaves por parte del Estado Dominicano.

Años después, los acuerdos han sido mayores y los montos no han dejado de sorprender. Miles de millones de pesos devueltos en solo cinco grandes expedientes: los denominados en su momento Operación Antipulpo, Medusa, Coral, Calamar y el que involucra a Maxy Montilla Sierra en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES).

Algo paradójico con los expedientes de corrupción es que quien comenzó a utilizarlos como instrumento para perseguir el delito que se comete por debajo de la mesa, Jean Alain Rodríguez, hoy es un acusado en cuyo caso se ha recurrido al mismo método: la delación por su entonces jefe de Gabinete en la Procuraduría General, Rafael Canó, y otras personas que laboraron o hicieron negocios con esa dependencia, son delatores en el caso que se le sigue.

Lo promueven todos

En el sistema judicial se creó una comisión integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Defensa Pública que está impulsando un proceso de optimización del proceso judicial y uno de los aspectos que se promueven es la celebración de acuerdos en casos penales a fin de descongestionar el sistema judicial que entre junio del 2020 y agosto de este año 2025, recibieron 257 mil 061 solicitudes de medidas de coerción y 194 mil 168 expedientes acusatorios.

“¡Acuerdo no significa impunidad!”, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina durante la entrevista con elCaribe y CDN, en junio de este año, al explicar que el sistema penal dominicano tiene un problema cultural de fondo, que hay que resolver. En otros países con sistemas como el de República Dominicana, el 98% de los casos se resuelve con acuerdos entre las partes, refirió.

“Estamos estableciendo los mecanismos de supervisión para poder determinar cuántos casos están entrando al sistema y cuáles pueden ser sujetos de acuerdos. Queremos establecer una meta para cada uno de los tribunales del país”, declaró Molina al explicar que la carga de la prueba recae sobre el órgano acusador y los jueces tendrán la responsabilidad de validar los acuerdos o en su defecto, rechazarlos.

En su discurso de toma de posesión como procuradora general, Yeni Berenice destacó que impulsará una política nacional de soluciones alternas al conflicto penal como una de las medidas necesarias para descongestionar el sistema porque cree en los acuerdos.

“No hay que tenerles temor a acuerdos. El que tiene temor a acuerdos no puede trabajar en el sistema de justicia. Nuestro papel es tomar decisiones. Lo que nosotros no podemos es tomar decisiones que no podamos justificar en derecho y que no tengan justificación y explicación”, dijo durante su intervención en el Seminario Conmemoración del Vigésimo Aniversario del Código Procesal Penal, en noviembre del 2024.

Ir a juicio y no obtener nada

El abogado penalista y representante legal de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs), entidad que llegó a acuerdo con Maxy Montilla Sierra y sus empresas, Miguel Valerio, manifestó que la eficiencia en caso de delito económico, es primero la recuperación.

“El sistema está colapsado. Se gastan recursos y luego usted no recupera nada” dijo quien durante una entrevista en programa de televisión El Día, donde adelantó que está trabajando un proyecto de Ley para regular los acuerdos judiciales.

Expedientes como el vinculado al exprocurador Rodríguez obligaron a cambiar la dinámica de al menos dos tribunales y necesitar inversión de recursos y personal extra por parte del Poder Judicial: la audiencia fue movida a la sala más grande que tiene la corte de apelación del Distrito Nacional donde fue necesario habilitar pantallas, sonido y otros aspectos de infraestructura y mobiliarios por la gran cantidad de gente imputada.

Mientras que en primera instancia fue necesario sacar del sorteo para asignación de casos, a los tribunales que estaban apoderados de los casos de corrupción judicializados a partir del 2021.

Si bien la justicia penal no es el área del Poder Judicial que más procesos lleva o solicitudes maneja, no menos cierto que es la cara visible del sistema de justicia del país, algo evidenciado en el último informe de la World Justice Project (WJP) que sitúa a esta nación en la posición 86 de 142 en cuanto al desarrollo del estado de derecho y el lugar número 20 entre los 32 países que conforman América Latina y el Caribe.

La deficiencia del sistema para dar respuesta a procesos de los cuales ha sido apoderado, se evidencia cuando víctimas o demandantes de justicia han fallecido sin encontrar respuesta a sus requerimientos.

La abogada Maribel Reyes, también es de criterio de que se deben fomentar los acuerdos en los procesos judiciales porque en Estados Unidos o Europa se practica a diario, sin embargo, demandó mayor transparencia en ellos.

“Que desde la Procuraduría General de la República y desde el Poder Judicial se fomenten los acuerdos en materia penal no es malo, lo que sí considero es que debe haber transparencia con la sociedad sobre dichos acuerdos, y ojalá en otras instancias de la justicia también se fomente dicha práctica”, comentó.

Los montos que han sido recuperados por caso

En los cuatro acuerdos firmados entre el Ministerio Público y personas procesadas en el expediente seguido a Juan Alexis Medina Sánchez, se obtuvieron más de 49.5 millones de pesos, además de la devolución de bienes inmuebles como apartamentos, grancera, vehículos y terrenos. Esto, sin calcular las condenas de 500 millones de pesos, multas y bienes decomisados por las condenas emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en contra de Alexis Medina junto a ocho personas, así como los RD$20 millones en el caso de Milagros Torres.

En los tres procesos del caso seguido al mayor general Adán Cáceres y otros imputados, el Ministerio Público recuperó 20 millones de pesos. En tanto que el expediente vinculado al exprocurador, en el que se firmaron 21 acuerdos, la recuperación fue de RD$141.5 millones sin incluir los inmuebles.

Por el caso seguido al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) llegó a acuerdos y la aplicación de criterio de oportunidad en los que siete personas y empresas devolvieron unos RD$3,242 millones en dinero en efectivo y bienes muebles e inmuebles.

En este mes, la procuraduría informó el acuerdo mediante el cual Maxy Montilla y un grupo de sus empresas devuelven RD$3,080 millones al reconocer su responsabilidad penal mediante la aplicación del criterio de oportunidad, donde también se compromete a ser testigo en caso penal.

Mecanismo
Acuerdo no significa impunidad. Significa que el Ministerio Público aporta las pruebas, la defensa valora las pruebas y que un juez decida”