Empresarios del Nordeste solicitan a la DGII un período prudente de adaptación para la Facturación Electrónica
San Francisco de Macorís.- La Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Duarte, y la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste solicitaron formalnente al Director General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, la implementación de un período prudente de adaptación transitorio para la entrada en vigor de la facturación electrónica en los micro, pequeños y medianos comercios de la región.
Las organizaciones sectoriales expresaron que, si bien reconocen la importancia de la facturación electrónica como un paso fundamental para la modernización y fortalecimiento del sistema tributario nacional, existe un segmento considerable del comercio local, —especialmente los colmados y las Mipymes, que enfrenta serias limitaciones económicas, tecnológicas y operativas para cumplir con los plazos previstos.
Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio de la Provincia Duarte, y Alberto Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, explicaron que la iniciativa no busca evadir el cumplimiento de la ley ni postergar indefinidamente la medida, sino lograr una transición viable, justa y consensuada.
Las organizaciones Solicitan que, aun sin una nueva prórroga de carácter legislativo, la Administración Tributaria establezca mediante acuerdo un margen de tiempo razonable para que los pequeños comercios completen su adecuación tecnológica.
Piden además que se faciliten mecanismos de orientación, acompañamiento y soporte técnico para evitar que el nuevo sistema represente una carga desproporcionada que comprometa la operatividad de los negocios.
Reiteran la disposición del sector empresarial de colaborar estrechamente con la DGII para conciliar los objetivos de fiscalización tributaria con la realidad operativa del comercio dominicano.
Las entidades empresariales enfatizaron su compromiso con la legalidad tributaria, pero instaron a las autoridades a tomar en cuenta el impacto de la medida en los sectores más vulnerables del comercio al menor, a fin de garantizar una modernización fiscal equilibrada y sin distorsiones en el abastecimiento local.
