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Advierte sobre riesgo soberanía nacional de RD

El Instituto Duartiano advirtió este lunes sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría un eventual sometimiento de la República Dominicana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y señaló que esta acción podría afectar la soberanía nacional y el control migratorio del país.

La advertencia fue externada durante un encuentro celebrado en la sede de la entidad, donde su presidente, Wilson Gómez Ramírez, denunció que desde algunos órganos del Estado se estarían impulsando movimientos orientados a viabilizar cambios constitucionales en materia de nacionalidad.

El dirigente patriótico exhortó al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional a prestar atención a lo que calificó como “aprestos preocupantes”, alegando que existe un flujo constante de autoridades hacia Costa Rica, sede del tribunal internacional, con el propósito de alcanzar acuerdos que coloquen al país bajo su competencia.

Gómez insistió en que la posición oficial dominicana debe mantenerse firme frente a organismos internacionales y rechazó cualquier intento de retomar la tutela de dicha corte, subrayando que la soberanía nacional no puede ser comprometida bajo ningún escenario.

En medio de la compleja crisis sociopolítica que afecta a Haití, el Instituto Duartiano instó a las autoridades dominicanas a mantener una postura de prudencia y cautela, al tiempo que rechazó cualquier participación directa del país en iniciativas internacionales como el despliegue de fuerzas para combatir las pandillas en la vecina nación.

Gómez Ramírez consideró que la responsabilidad de atender la crisis haitiana recae en la comunidad internacional, particularmente en organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en las grandes potencias, y no en la República Dominicana, que ha mantenido históricamente una política de no intervención.

En ese sentido, cuestionó la participación del canciller Roberto Álvarez en discusiones vinculadas a este tema, señalando que, por la naturaleza del mismo, correspondía a los embajadores de Estados Unidos acreditados en Haití y República Dominicana asumir ese rol de vocería.

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