“Todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad”, establece en su artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por la República Dominicana el 8 de agosto de 1990.
La Constitución dominicana puntualiza que cada persona tiene derecho a ser registrada inmediatamente después de su nacimiento y a recibir un nombre.
Sin embargo, este y los tantos derechos que acarrea obtener un acta de nacimiento, les han sido vulnerados a decenas de niños y ahora adultos que no están declarados en el distrito municipal de Santiago Oeste.
Listín Diario realizó un recorrido por el sector de la Emboscada de Rafey o Emboscada de Cienfuegos, donde un equipo de periodistas conversó con al menos 10 personas sin documentos, cuyos hijos y nietos están en la misma situación.
Lucía Almonte, quien nació y ha vivido toda su vida en el barrio, asegura que son al menos 100 los niños que no cuentan con un acta de nacimiento en la comunidad y muchísima “gente vieja también”.
Los invisibles
Nathanael llegó hasta sexto curso. Hasta aquí se lo permitió la escuela bajo la palabra de la Junta de Vecinos, ya que no tiene documentos. Veintidós años después y con un hijo, él todavía sueña con terminar el bachillerato y estudiar para ser chef profesional. “Yo quisiera estudiar, pero dime”, expresó con ojos de pesar y cuestionamiento.
Cuenta que trataron de hacer las gestiones para obtener sus documentos, pero su mamá tampoco tiene acta de nacimiento y su padre falleció. Su hijo, fue declarado solamente por la madre del menor.
Ivelise del Carmen tiene 4 hijos de 17, 16, 10 y 9 años, todos sin declarar. Ningún miembro de esta familia cuenta con un seguro médico, acta escolar o ayudas del gobierno, a pesar de vivir en condiciones precarias.
Narra que su hijo de 17 años se quedó en tercer grado de básica, ya que le dijeron que sin documentos no lo podía continuar. La niña, que entró de 11 años a la escuela, sin alfabetizar, no sabía leer ni escribir, hoy ya con 16 años y está en cuarto curso de básica.
Sin embargo, ella y sus dos hijos más pequeños que aún cuentan con la edad de escolaridad, corren el riesgo de no poder continuar sus estudios tras haberse mudado aquí desde Dajabón. En los centros educativos del entorno no los reciben sin actas de nacimiento, por lo que todavía no están inscritos para el próximo año escolar que está a la vuelta de la esquina.
Doña Rosa, de 59 años, tampoco está declarada, así como sus tres hijos y sus dos nietas de 18 y 19.
Todos estos adultos, no tienen acceso a las ayudas del gobierno, seguro médico, acceso a la educación o la forma de conseguir un trabajo digno por el hecho de no ser portadores de una cédula de identidad y electoral. De igual forma, a estas personas no se les permite ejercer su derecho al voto para elegir libremente a sus autoridades.
La principal actividad económica de esta zona se basa en “bucear” dentro de las toneladas de basura del vertedero de Rafey, recolectando y revendiendo elementos reciclables. Los niños, que en su mayoría no cuentan con un acta de nacimiento, y por ende, con pocas probabilidades de ir a la escuela, encuentran aquí la forma de ganarse la vida.
Otros optan por ayudar a sus familiares con los animales, criando cerdos y vacas.
Sin agua
En este sector no llega el agua potable, la mayoría de las tomas de agua están colocadas directamente al canal de riego Ulises Francisco Espaillat que por ahí pasa. En un recorrido realizado por un equipo de periodistas de este medio, se pudo constatar una cantidad exuberante y alarmante de tubos y bombas de agua conectadas directamente al canal.
En este mismo canal de riego, donde de acuerdo al director de la Defensa Civil de Santiago, Francisco Arias, se encuentran mínimo cuatro cadáveres cada mes. Además, es el desagüe de múltiples drenajes cloacales de los sectores aledaños, así como un vertedero que corre con la basura.
El hedor del vertedero de Rafey ya es “normal” para los comunitarios, quienes dicen que simplemente se han acostumbrado.
Este ambiente se convierte en un círculo interminable de pobreza, y al ser marginados del desarrollo social y personal, incrementando las condiciones que se experimentan en este sector de la Emboscada de Rafey o Cienfuegos.
Derechos vulnerados
Tener un nombre y una nacionalidad permite acceder a una serie de servicios básicos esenciales como educación, salud y seguridad social. El acceso a estos servicios es crucial para el desarrollo y el bienestar del individuo.
Ser registrado y reconocido legalmente permite que la persona esté protegida por las leyes del país. Esto incluye la protección contra la explotación y el abuso, y el acceso a mecanismos legales para la resolución de conflictos y la protección de sus derechos.
Asimismo, la nacionalidad y el registro formal permiten la participación en la vida pública y política del país, como la posibilidad de formar parte de organizaciones civiles y participar en procesos políticos y electorales, así como a recibir protección diplomática y consular, entre otros derechos y deberes.